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Por Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe
Por Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe
Desde los días inmediatamente posteriores al terremoto, muchas organizaciones humanitarias y de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han advertido sobre el aumento del riesgo de violencia de género y sexual.
Los temores están bien fundados. Miles de personas desplazadas en espacios públicos duermen en sólo un metro cuadrado, incluso en menos; las mujeres se ven obligadas a asearse casi desnudas bajo la mirada de otros residentes y transeúntes; niños y niñas duermen solos por la noche porque no tienen a nadie que los acompañe o porque sus madres trabajan fuera de los campos para poder alimentarlos.
Sin embargo, desde el terremoto las organizaciones de mujeres han registrado una drástica reducción de las denuncias de casos de violencia sexual. Los comités autoorganizados para la gestión de los campos confirmaron a Amnistía Internacional que la violencia sexual no es un problema y que se han establecido comisiones de seguridad que patrullan los campos por la noche. La mayoría de las mujeres de los campos con las que nos entrevistamos no expresaron preocupación por la violencia sexual.
Pero qué está pasando, nos preguntamos. ¿Nos hemos equivocado? ¿Hemos exagerado los riesgos? O bien, ¿es que las mujeres tienen demasiado miedo para denunciar? ¿Estamos hablando con las personas adecuadas?
Fue Malya, una de las cofundadoras de KOFAVIV, organización de base de mujeres que se ocupa de las necesidades médicas y psicológicas de las víctimas de violación, quien comenzó a aclarar el asunto. La casa y la oficina de Malya quedaron destruidas tras el terremoto, y junto con Eramithe, también cofundadora de KOFAVIV, vive en Champ de Mars, uno de los campos improvisados más grandes de Puerto Príncipe.
Aunque han perdido todas sus pertenencias, no han perdido su voluntad de combatir la violencia sexual contra las mujeres y niñas. En dos meses, 19 mujeres y niñas que vivían en su sector del campo han denunciado casos de violación y agresión sexual. Aunque animaron a las mujeres a presentar denuncias ante la policía, ninguna de ellas lo hizo. Tenían demasiado miedo, porque los agresores vivían en el campo, o en zonas cercanas, o porque no tenían otro lugar adonde ir. No confiaban en que la policía las protegiera y sabían que el sistema de justicia está paralizado desde el terremoto, por lo que preferían guardar silencio. Las que tienen familiares en otras zonas del país preferían marcharse. Las víctimas huyen mientras los perpetradores siguen allí, probablemente buscando la próxima víctima.
En ausencia de un sistema centralizado para el registro de los casos de violencia sexual, las organizaciones de base que trabajan en los campos son la única fuente de información. Viviendo junto con las mujeres y niñas en los campos, pueden determinar quién necesita ayuda.
Margaret, trabajadora social de la organización Zanmi Timoun (Amigos de los Niños), ha atendido a decenas de niñas que viven en campos y que han sido víctimas de violación o incesto antes o después del terremoto. Entrevistamos a cinco de ellas.
La tristeza de estas niñas, su voz baja, su aflicción y sus miedos hablan más claro y más alto que cualquier dato o cifra. Una de ellas está embarazada, otra teme que pueda estarlo, algunas tienen terror de que sus agresores las maten. Parecen resignadas y sumisas. Cuando les preguntamos qué es lo que más deseaban en la vida, todas dijeron con firmeza que querían seguir asistiendo a la escuela. Una de ellas nos transmitió un mensaje para que se lo hiciéramos llegar a las autoridades: “Tienen que proteger a las niñas, porque no quiero que nadie sufra lo que yo he pasado”.
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